El 10 de mayo de 1981, en un barranco de la carretera de Gérgal, en Almería, es encontrado un coche carbonizado con tres cuerpos en su interior. Pertenecían a tres trabajadores; Juan Mañas Morales, Luis Cobo Mier y Luis Montero García, que son presentados como terroristas muertos en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Según el informe de “la benemérita”, se trataba de: "tres etarras que habían intentado huir”. En realidad eran sólo tres trabajadores de vacaciones, que iban a Pechina para asistir a la primera comunión del hermano de uno de ellos, y que fueron confundidos con un supuesto comando de ETA. Los tres fueron detenidos el día anterior y no se sabe nada de ellos hasta que aparecen muertos en dicho barranco.
Según la versión oficial, se trataba de tres peligrosos etarras que, tras ser detenidos, se enfrentaron con sus armas a los guardias civiles durante su traslado a Madrid para ser interrogados, en un intento de huida. Los guardias civiles que viajaban en otro coche se vieron obligados a disparar a las ruedas y el coche cae por el barranco y se estrella e incendia. Lo cierto es que los cuerpos aparecen, además de quemados, acribillados a balazos, mutilados y esposados. A pesar de las evidencias de que se trataba de unos asesinatos premeditados, y de la participación en los mismos de al menos una decena de agentes, el 28 de julio sólo tres guardias civiles son condenados, y exclusivamente por homicidio. Cumplieron apenas unos años de condena, siéndoles concedido con prontitud el tercer grado y recibiendo tras su excarcelación una fuerte suma económica en concepto de retiros, a pesar de haber sido expulsados del cuerpo.
Nadie asumió responsabilidades políticas, nadie pidió perdón o reconoció el error. El juicio estuvo plagado de irregularidades, y de amenazas tanto a los familiares como al abogado contratado por estos como acusación para representarlos. Desde entonces, en varias ocasiones las familias de los asesinados han solicitado el que sean reconocidos los asesinados como víctimas del terrorismo, sin lograrlo. Estos asesinatos, que han pasado a la historia con el nombre de “el caso Almería” es otro crimen de Estado que aún permanece impune y sobre el que se ha tendido una red generalizada de silencio que sólo puede ser calificable de cómplice, al igual que el de M. J. García Caparrós o el de Javier Verdejo. Todos ellos son víctimas del régimen españolista neofranquista, y forman parte de la memoria histórica de nuestro pueblo. Una memoria que abarca ochocientos años de opresión, terror y crímenes institucionalizados que la Andalucía resistente permanecerá manteniendo viva. Ni olvido ni perdón.
